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Sorpresivamente gobierno quiere posponer el seguro obligatorio
Motivos. Falta de recursos públicos para constituir fondo explica decisión
La obligación de contar con un seguro contra terceros en los vehículos podría postergarse un año. El Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento retrasando la entrada en vigencia hasta mayo de 2010 por la falta de fondos para implementarlo.
El proyecto -de un artículo- establece que se prorrogue la entrada en vigencia de la Ley 18.412 del 17 de noviembre de 2008 (que establecía la obligatoriedad de contar con un seguro contra terceros) hasta el 19 de mayo de 2010.
Según la exposición de motivos existen "dificultades de implementación y reglamentación de la misma en virtud de los múltiples agentes involucrados y la carencia de previsiones presupuestales a efectos de hacer viable la actuación de los distintos órganos estatales con competencia en la materia".
Fuentes oficiales dijeron a El País que "la ley tenía algunos problemas". Pero entre los privados consideran que la causa es que la entrada en vigencia de la ley implicaría un costo para el Estado en caso de que la fiscalización no fuese eficiente.
Es que la ley estipuló la creación de un Fondo de Indemnización de Coberturas Especiales administrado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial que se haría cargo parcialmente de las coberturas, ya sea que el vehículo no cuente con un seguro como si éste se fuga.
El objetivo de la ley es garantizar la cobertura de los daños que sufran terceras personas como consecuencia de un accidente causado por un vehículo o acoplado remolcado no importando si éste tiene o no contratado el seguro.
Según lo estipulado por la ley, el primer año la Unidad Nacional de Seguridad Vial se haría cargo de cubrir dos tercios de los costos (el resto lo pagarían las aseguradoras) y un tercio durante el segundo año quedando a cargo de la aseguradora en su totalidad a partir del tercer año.
Esto, según estimaciones hechas para la elaboración de la ley, implicaría un costo de US$ 14 millones para el Estado en el primer año y de US$ 7 millones en el segundo en caso de que la mitad de los asegurados previstos (unos 200.000 vehículos) no cumplieran con la ley, dijeron fuentes del sector.
REACCIÓN. Pese a que la entrada en vigencia estaba prevista para el 18 de mayo, según la ley, el Ejecutivo aún no había publicado la reglamentación.
De todas formas, las aseguradoras privadas venían trabajando en el lanzamiento del producto. Por ello, el envío del proyecto de ley al Parlamento generó "sorpresa" en el sector, dijo a El País el gerente de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, Mauricio Castellanos.
"Las compañías de seguros siempre tuvieron actitud de trabajar e incluso hay algunas que incurrieron en gastos para adaptar los sistemas, preparar el personal, compañías que ya habían acordado para imprimir los stickers que se tenían que poner en los vehículos", dijo Castellanos.
Es que la ley prevé que los vehículos que tengan el seguro cuenten con un autoadhesivo identificatorio. El que no cuente con él podría ser secuestrado por el Ministerio del Interior hasta que el dueño contrate el seguro.
Un negocio en aumento
En 2008 las 16 aseguradoras que operan en plaza vendieron US$ 440,5 millones en seguros, 5,4% más que lo que habían comercializado en pólizas en 2007 que había sumado US$ 417,6 millones, según datos del Banco Central.
El gasto per capita en seguros a lo largo del año pasado alcanzó los US$ 131,9, lo que representa un incremento de 4,9% frente a los US$ 125,6 de 2007, en base a la población estimada por el Instituto Nacional de Estadística.
La venta de pólizas para vehículos continuó siendo en 2008 la de mayor demanda acumulando el 29,8% de los negocios totales del sistema, aunque cayendo en participación respecto a las operaciones de 2007 cuando habían llegado al 31,6% de los negocios totales. Entre enero y diciembre de 2008 se vendieron seguros para vehículos por US$ 131,4 millones lo que representa una caída de 0,5% frente a los US$ 132 millones que se comercializaron a lo largo de 2007.
El País Digital
02/05/2009
El proyecto -de un artículo- establece que se prorrogue la entrada en vigencia de la Ley 18.412 del 17 de noviembre de 2008 (que establecía la obligatoriedad de contar con un seguro contra terceros) hasta el 19 de mayo de 2010.
Según la exposición de motivos existen "dificultades de implementación y reglamentación de la misma en virtud de los múltiples agentes involucrados y la carencia de previsiones presupuestales a efectos de hacer viable la actuación de los distintos órganos estatales con competencia en la materia".
Fuentes oficiales dijeron a El País que "la ley tenía algunos problemas". Pero entre los privados consideran que la causa es que la entrada en vigencia de la ley implicaría un costo para el Estado en caso de que la fiscalización no fuese eficiente.
Es que la ley estipuló la creación de un Fondo de Indemnización de Coberturas Especiales administrado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial que se haría cargo parcialmente de las coberturas, ya sea que el vehículo no cuente con un seguro como si éste se fuga.
El objetivo de la ley es garantizar la cobertura de los daños que sufran terceras personas como consecuencia de un accidente causado por un vehículo o acoplado remolcado no importando si éste tiene o no contratado el seguro.
Según lo estipulado por la ley, el primer año la Unidad Nacional de Seguridad Vial se haría cargo de cubrir dos tercios de los costos (el resto lo pagarían las aseguradoras) y un tercio durante el segundo año quedando a cargo de la aseguradora en su totalidad a partir del tercer año.
Esto, según estimaciones hechas para la elaboración de la ley, implicaría un costo de US$ 14 millones para el Estado en el primer año y de US$ 7 millones en el segundo en caso de que la mitad de los asegurados previstos (unos 200.000 vehículos) no cumplieran con la ley, dijeron fuentes del sector.
REACCIÓN. Pese a que la entrada en vigencia estaba prevista para el 18 de mayo, según la ley, el Ejecutivo aún no había publicado la reglamentación.
De todas formas, las aseguradoras privadas venían trabajando en el lanzamiento del producto. Por ello, el envío del proyecto de ley al Parlamento generó "sorpresa" en el sector, dijo a El País el gerente de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, Mauricio Castellanos.
"Las compañías de seguros siempre tuvieron actitud de trabajar e incluso hay algunas que incurrieron en gastos para adaptar los sistemas, preparar el personal, compañías que ya habían acordado para imprimir los stickers que se tenían que poner en los vehículos", dijo Castellanos.
Es que la ley prevé que los vehículos que tengan el seguro cuenten con un autoadhesivo identificatorio. El que no cuente con él podría ser secuestrado por el Ministerio del Interior hasta que el dueño contrate el seguro.
Un negocio en aumento
En 2008 las 16 aseguradoras que operan en plaza vendieron US$ 440,5 millones en seguros, 5,4% más que lo que habían comercializado en pólizas en 2007 que había sumado US$ 417,6 millones, según datos del Banco Central.
El gasto per capita en seguros a lo largo del año pasado alcanzó los US$ 131,9, lo que representa un incremento de 4,9% frente a los US$ 125,6 de 2007, en base a la población estimada por el Instituto Nacional de Estadística.
La venta de pólizas para vehículos continuó siendo en 2008 la de mayor demanda acumulando el 29,8% de los negocios totales del sistema, aunque cayendo en participación respecto a las operaciones de 2007 cuando habían llegado al 31,6% de los negocios totales. Entre enero y diciembre de 2008 se vendieron seguros para vehículos por US$ 131,4 millones lo que representa una caída de 0,5% frente a los US$ 132 millones que se comercializaron a lo largo de 2007.
El País Digital
02/05/2009
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04/May/2009 |