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Harán cambios en ley de juicios laborales tras crítica de experta
Objeciones. Cuestionan audiencia única y pago del 50% para la apelación
SEBASTIÁN CABRERA
Severas críticas de una grado cuatro en derecho laboral llevarán al oficialismo a reestudiar un proyecto de ley para acelerar los juicios laborales, que hoy demoran en promedio unos 17 meses pero que, en los hechos, pueden llegar hasta cinco años.
Una única audiencia en los juicios laborales, plazos reducidos y la obligación de pagar un depósito del 50% para apelar son algunos de los cambios que se incluirán en un proyecto de ley presentado por el oficialismo y elaborado por el Ministerio de Trabajo junto a la Suprema Corte de Justicia y el Instituto de Derecho Laboral.
Cuando concurrió a la comisión de Constitución del Senado hace pocos días, la profesora Cristina Mangarelli (grado cuatro en derecho laboral) advirtió que la reducción de plazos generará "menores garantías para los trabajadores". También dijo que la iniciativa se salta la conciliación previa en algunos casos, lo que provocará un aumento de juicios.
Cuestionó que para apelar haya que depositar el 50% de la condena, aspecto que considera inconstitucional: "Muchos apelan porque creen que tienen razón y no para demorar". También dijo que es inconstitucional que el empleador pierda el juicio si no comparece a la primera audiencia.
El senador frenteamplista Reinaldo Gargano dijo a El País que los planteos son "atendibles" y que deberá reestudiarse el tema para ver si "conviene" tenerlos en cuenta. Por eso, hoy los senadores recibirán a la comisión que redactó el proyecto. Para Gargano, lo importante es lograr abreviar los juicios y "efectuar justicia".
Desde el Partido Nacional, el senador Carlos Moreira dijo que no votará el proyecto tal cual fue redactado, ya que contiene inconstitucionalidades y no ofrece garantías. Moreira pedirá que se atiendan las observaciones y dijo que muchos senadores del oficialismo quedaron "impresionados" por las críticas de Mangarelli.
En el Parlamento, el subsecretario Jorge Bruni dijo que la legislación actual contribuye a una duración mayor de los procesos: "Eso hace que se termine transando en cifras irrisorias o ni se inicien juicios. Más vale plata en mano, aunque sea poca". Bruni defendió que, una vez aclarados y aceptados los rubros salariales, deba efectuarse un depósito del 50% para poder apelar y que se aplique una multa de 20% cuando no se paga a tiempo.
El asesor Héctor Zapirain admitió que esa es una novedad en la legislación nacional, pero que ya existe en el derecho comparado. Se busca evitar las "chicanas y recursos sin sentido para alargar los juicios".
VISIÓN. Mangarelli coincide en la necesidad de acelerar los proceso laborales, pero no con varias soluciones propuestas. La experta rechazó que se dé un tratamiento diferente a la ausencia en una audiencia preliminar: el expediente se archiva si el trabajador no va; pero si falta el empleador, pierde el juicio. Hoy se puede faltar a la audiencia por motivos justificados.
La experta rechazó que se den "por ciertos los hechos afirmados por el empleado" si el demandado no concurre. Además, aseguró que el proyecto no le da importancia a la conciliación previa, ya que habilita a ir directamente a la Justicia si el trámite administrativo en el Ministerio de Trabajo demora más de 30 días, o si se trata de juicios de "menor cuantía".
Eso implicará "un aumento significativo de los litigios" y "encierra el peligro de que no se tiente la conciliación", indicó Mangarelli. La profesora cree que el plazo debería ser de 60 días ("en 30 días no se termina ningún trámite administrativo") y que los juicios de menor cuantía deberían ser hasta $ 30.000 y no $ 81.000.
Reducir los plazos baja las garantías y hace que "los juicios laborales se tutelen de forma menos eficaz", indicó la experta. En el texto, las excepciones se contestarán en tres días (hoy el plazo es de diez días); el plazo para apelar baja a cinco días; el plazo del juez para contestar baja de un mes a 20 días: el plazo del demandado para contestar baja de un mes a diez días. Desde el MTSS se admite que la salida lograda puede ser cuestionable en algunos aspectos, pero se considera fundamental acelerar los plazos.
Lentitud judicial
Luego de escuchar a la profesora Cristina Mangarelli, el senador frenteamplista Reinaldo Gargano (que preside la comisión) le contestó que "si todos los plazos que se acortan, hay que volver a alargarlos, el proyecto no tiene razón de ser". El blanco Carlos Moreira apuntó que a veces no es un problema de plazos, sino de burocracia estatal, cuya lentitud es "denegatoria de justicia".
El País Digital
19/05/2009
Severas críticas de una grado cuatro en derecho laboral llevarán al oficialismo a reestudiar un proyecto de ley para acelerar los juicios laborales, que hoy demoran en promedio unos 17 meses pero que, en los hechos, pueden llegar hasta cinco años.
Una única audiencia en los juicios laborales, plazos reducidos y la obligación de pagar un depósito del 50% para apelar son algunos de los cambios que se incluirán en un proyecto de ley presentado por el oficialismo y elaborado por el Ministerio de Trabajo junto a la Suprema Corte de Justicia y el Instituto de Derecho Laboral.
Cuando concurrió a la comisión de Constitución del Senado hace pocos días, la profesora Cristina Mangarelli (grado cuatro en derecho laboral) advirtió que la reducción de plazos generará "menores garantías para los trabajadores". También dijo que la iniciativa se salta la conciliación previa en algunos casos, lo que provocará un aumento de juicios.
Cuestionó que para apelar haya que depositar el 50% de la condena, aspecto que considera inconstitucional: "Muchos apelan porque creen que tienen razón y no para demorar". También dijo que es inconstitucional que el empleador pierda el juicio si no comparece a la primera audiencia.
El senador frenteamplista Reinaldo Gargano dijo a El País que los planteos son "atendibles" y que deberá reestudiarse el tema para ver si "conviene" tenerlos en cuenta. Por eso, hoy los senadores recibirán a la comisión que redactó el proyecto. Para Gargano, lo importante es lograr abreviar los juicios y "efectuar justicia".
Desde el Partido Nacional, el senador Carlos Moreira dijo que no votará el proyecto tal cual fue redactado, ya que contiene inconstitucionalidades y no ofrece garantías. Moreira pedirá que se atiendan las observaciones y dijo que muchos senadores del oficialismo quedaron "impresionados" por las críticas de Mangarelli.
En el Parlamento, el subsecretario Jorge Bruni dijo que la legislación actual contribuye a una duración mayor de los procesos: "Eso hace que se termine transando en cifras irrisorias o ni se inicien juicios. Más vale plata en mano, aunque sea poca". Bruni defendió que, una vez aclarados y aceptados los rubros salariales, deba efectuarse un depósito del 50% para poder apelar y que se aplique una multa de 20% cuando no se paga a tiempo.
El asesor Héctor Zapirain admitió que esa es una novedad en la legislación nacional, pero que ya existe en el derecho comparado. Se busca evitar las "chicanas y recursos sin sentido para alargar los juicios".
VISIÓN. Mangarelli coincide en la necesidad de acelerar los proceso laborales, pero no con varias soluciones propuestas. La experta rechazó que se dé un tratamiento diferente a la ausencia en una audiencia preliminar: el expediente se archiva si el trabajador no va; pero si falta el empleador, pierde el juicio. Hoy se puede faltar a la audiencia por motivos justificados.
La experta rechazó que se den "por ciertos los hechos afirmados por el empleado" si el demandado no concurre. Además, aseguró que el proyecto no le da importancia a la conciliación previa, ya que habilita a ir directamente a la Justicia si el trámite administrativo en el Ministerio de Trabajo demora más de 30 días, o si se trata de juicios de "menor cuantía".
Eso implicará "un aumento significativo de los litigios" y "encierra el peligro de que no se tiente la conciliación", indicó Mangarelli. La profesora cree que el plazo debería ser de 60 días ("en 30 días no se termina ningún trámite administrativo") y que los juicios de menor cuantía deberían ser hasta $ 30.000 y no $ 81.000.
Reducir los plazos baja las garantías y hace que "los juicios laborales se tutelen de forma menos eficaz", indicó la experta. En el texto, las excepciones se contestarán en tres días (hoy el plazo es de diez días); el plazo para apelar baja a cinco días; el plazo del juez para contestar baja de un mes a 20 días: el plazo del demandado para contestar baja de un mes a diez días. Desde el MTSS se admite que la salida lograda puede ser cuestionable en algunos aspectos, pero se considera fundamental acelerar los plazos.
Lentitud judicial
Luego de escuchar a la profesora Cristina Mangarelli, el senador frenteamplista Reinaldo Gargano (que preside la comisión) le contestó que "si todos los plazos que se acortan, hay que volver a alargarlos, el proyecto no tiene razón de ser". El blanco Carlos Moreira apuntó que a veces no es un problema de plazos, sino de burocracia estatal, cuya lentitud es "denegatoria de justicia".
El País Digital
19/05/2009
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