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LA JUSTICIA LABORAL PARALIZADA
LA SUPREMA CORTE TIENE 400 RECURSOS CONTRA LA LEY DE ABREVIACION DE LOS JUICIOS LABORALES
Nacional
La Justicia Laboral "paralizada" a la espera de fallo de la Suprema Corte
Corporación. Tiene 400 recursos contra la ley que abrevió los juicios
PABLO MELÉNDREZ
La Justicia Laboral está "paralizada", según varios abogados. Se espera que en breve la Suprema Corte se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Abreviación de los Juicios Laborales para que los casos vuelvan a su trámite normal.
Desde el pasado 1° de febrero, los reclamos laborales se tramitan con un nuevo mecanismo procesal, que fue establecido con el objetivo de dar mayor celeridad a los juicios, ya que cuando se realizaban de acuerdo al procedimiento del Código General del Proceso, podían demorar hasta tres años.
El nuevo mecanismo previó dos tipo de juicios: uno para cuando el monto reclamado no supere los $ 81.000 y otro cuando pasa ese tope. En el primer caso, el fallo es inapelable y se debe resolver en una única audiencia; y en el otro se puede pedir la revisión del fallo por parte de un Tribunal de Apelaciones, pero antes se debe depositar el 50% de la condena.
Ambos procedimientos (regulados por la ley 18.572 del 13 septiembre de 2009) acotan sensiblemente los plazos procesales de contestación de la demanda y presentación de la apelación en los casos que es viable la impugnación.
La entrada en vigencia del nuevo sistema procesal hizo que los abogados de las empresas presentaran masivamente recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al considerar que la disminución de los plazos, así como la imposibilidad de apelar en los casos de menos de $ 81.000 y la obligación de depositar la mitad de la condena cuando se supera ese monto, viola el derecho de defensa de los empresarios.
El vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, informó ayer a El País que la Corporación tiene en trámite 400 recursos contra la ley de Abreviación de Juicios Laborales. La cantidad de acciones crece a un ritmo de 30 expedientes diarios, indicó.
PARALIZADOS. La presentación de una acción de inconstitucionalidad implica que el juez que tramita el caso debe dejar en suspenso el proceso iniciado y derivar el expediente a la SCJ, para que resuelva al respecto. El fallo de la Corporación se aplica a cada caso puntual.
Por eso, en virtud de la importante cantidad de recursos presentados, "la Justicia Laboral está paralizada", aseguró a El País el abogado laboralista Eduardo Ameglio, socio del estudio Guyer & Regules.
"Por la cantidad de recursos planteados, casi todos los juicios están paralizados porque el 90% de los abogados que patrocinan a los empresarios han reclamado la inconstitucionalidad de la ley", estimó Ameglio.
En tanto, el abogado Daniel De Siano coincidió con Ameglio en cuanto a que la mayoría de los juicios laborales están "paralizados". "Sería saludable que la Suprema Corte se expida cuanto antes y, si concluye que varios artículos de la ley son inconstitucionales, comience a trabajar en un proyecto para subsanar esos aspectos", dijo De Siano a El País.
Por otro lado, De Siano, que también patrocina a empresarios, cuestionó que "no solamente están trabados los juicios laborales, sino que tampoco está funcionando correctamente la instancia conciliatoria previa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".
De Siano agregó que los juicios que se estaban tramitando con el sistema procesal anterior, fueron "relegados" por los casos que se presentaron a partir del 1° de febrero, por lo que las causas ya iniciadas tampoco han avanzado.
En el mismo sentido, el abogado Guzmán Acosta y Lara, de Acosta y Lara & Asociados, dijo: "Estamos en una situación en la que los jueces están reservando fechas de sus agendas para cuando los casos que están en la Corte regresen a los juzgados, y eso afecta a los juicios iniciados por el procedimiento anterior, que en su mayoría están muy próximos a culminar".
CHICANA. En tanto, la abogada Isabel Camarano coincidió con la visión de sus colegas y dijo que la gran mayoría de los juicios "se han paralizado porque existió un aluvión de incidentes de inconstitucionalidad".
Camarano -que asesora a varios sindicatos, entre ellos el de trabajadores pesqueros- señaló a El País que si bien es legal que quien "presume" que algún aspecto del nuevo sistema procesal es inconstitucional recurra a la SCJ, en muchos casos los empresarios "aprovechan esa situación para ganar tiempo" en los juicios.
Promedio de cuatro recursos por semana
El juez Walter Burella está a cargo de uno de los tres juzgados Laborales de Instancia Única de Montevideo, donde se tramitan los reclamos menores de $ 81.000. Los otros dos juzgados son ocupados por las magistradas Olga Guarino y Ana Rivas.
Según explicó Burella a El País, en su sede se desarrollan, en promedio, diez audiencias por semana. Y en cuatro o cinco de ellas, el abogado de la parte demandada plantea la inconstitucionalidad de la Ley de Abreviación de los Juicios Laborales. "En un solo día se han presentado dos recursos", contó el magistrado.
Ante esas situaciones, el juez intenta que las partes lleguen a un acuerdo, con el objetivo de dar por terminado el proceso sin tramitar la acción ante la Suprema Corte de Justicia. "La dificultad está en que el trabajador tiene que esperar a que resuelva la Corte", señaló Burella
En muchos casos, las partes han llegado a un acuerdo, pero en la mayoría no, y por eso los expedientes son derivados a la Corporación, paralizando así el trámite de la causa en el juzgado hasta que exista un pronunciamiento respecto al planteo de inconstitucionalidad presentado por la parte demandada. "Nos están presentando muchas inconstitucionalidades. Eso nos está quitando trabajo", admitió Burella. Como ejemplo, el juez dijo que desde febrero hasta ahora solamente ha dictado sentencia en 27 expedientes.
¿Qué es lo que dice la nueva ley?
La Ley 18.572 creó un procedimiento independiente del Código General del Proceso que regula el trámite en todos los juicios civiles. Se creó un sistema procesal autónomo para los reclamos laborales, con el objetivo de dar mayor celeridad a los juicios, que en promedio podían insumir dos o tres años.
Se crearon dos tipos de procedimientos para los juicios laborales: uno para los casos en los que el reclamo no supere los $ 81.000 (casos de "menor cuantía") y otro para las causas donde el monto demandado sea superior a ese tope fijado por la ley (proceso "ordinario").
En los casos de "menor cuantía", la resolución dictada por el juez no puede ser apelada. Estos reclamos se resuelven en una única audiencia, en la que el demandado debe contestar la demanda verbalmente en la misma instancia. Para utilizar este mecanismo, desde febrero están operativos en Montevideo tres juzgados Laborales de Instancia Única, que fueron creados por la Suprema Corte de Justicia.
Para las causas en las que el reclamo es superior a $ 81.000, la ley prevé que el juez deberá convocar a las partes a audiencia en un plazo no mayor a 60 días. En tanto, el plazo para contestar el reclamo se redujo de 30 a diez días. A diferencia de los procesos de "menor cuantía", en estos casos sí se puede apelar la decisión de primera instancia. Sin embargo, también se acortaron los plazos para ello, pasando de 15 a cinco días. Además, quien recurra la resolución, debe primero depositar el 50% del monto total de la condena.
El País Digital
La Justicia Laboral "paralizada" a la espera de fallo de la Suprema Corte
Corporación. Tiene 400 recursos contra la ley que abrevió los juicios
PABLO MELÉNDREZ
La Justicia Laboral está "paralizada", según varios abogados. Se espera que en breve la Suprema Corte se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Abreviación de los Juicios Laborales para que los casos vuelvan a su trámite normal.
Desde el pasado 1° de febrero, los reclamos laborales se tramitan con un nuevo mecanismo procesal, que fue establecido con el objetivo de dar mayor celeridad a los juicios, ya que cuando se realizaban de acuerdo al procedimiento del Código General del Proceso, podían demorar hasta tres años.
El nuevo mecanismo previó dos tipo de juicios: uno para cuando el monto reclamado no supere los $ 81.000 y otro cuando pasa ese tope. En el primer caso, el fallo es inapelable y se debe resolver en una única audiencia; y en el otro se puede pedir la revisión del fallo por parte de un Tribunal de Apelaciones, pero antes se debe depositar el 50% de la condena.
Ambos procedimientos (regulados por la ley 18.572 del 13 septiembre de 2009) acotan sensiblemente los plazos procesales de contestación de la demanda y presentación de la apelación en los casos que es viable la impugnación.
La entrada en vigencia del nuevo sistema procesal hizo que los abogados de las empresas presentaran masivamente recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al considerar que la disminución de los plazos, así como la imposibilidad de apelar en los casos de menos de $ 81.000 y la obligación de depositar la mitad de la condena cuando se supera ese monto, viola el derecho de defensa de los empresarios.
El vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, informó ayer a El País que la Corporación tiene en trámite 400 recursos contra la ley de Abreviación de Juicios Laborales. La cantidad de acciones crece a un ritmo de 30 expedientes diarios, indicó.
PARALIZADOS. La presentación de una acción de inconstitucionalidad implica que el juez que tramita el caso debe dejar en suspenso el proceso iniciado y derivar el expediente a la SCJ, para que resuelva al respecto. El fallo de la Corporación se aplica a cada caso puntual.
Por eso, en virtud de la importante cantidad de recursos presentados, "la Justicia Laboral está paralizada", aseguró a El País el abogado laboralista Eduardo Ameglio, socio del estudio Guyer & Regules.
"Por la cantidad de recursos planteados, casi todos los juicios están paralizados porque el 90% de los abogados que patrocinan a los empresarios han reclamado la inconstitucionalidad de la ley", estimó Ameglio.
En tanto, el abogado Daniel De Siano coincidió con Ameglio en cuanto a que la mayoría de los juicios laborales están "paralizados". "Sería saludable que la Suprema Corte se expida cuanto antes y, si concluye que varios artículos de la ley son inconstitucionales, comience a trabajar en un proyecto para subsanar esos aspectos", dijo De Siano a El País.
Por otro lado, De Siano, que también patrocina a empresarios, cuestionó que "no solamente están trabados los juicios laborales, sino que tampoco está funcionando correctamente la instancia conciliatoria previa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".
De Siano agregó que los juicios que se estaban tramitando con el sistema procesal anterior, fueron "relegados" por los casos que se presentaron a partir del 1° de febrero, por lo que las causas ya iniciadas tampoco han avanzado.
En el mismo sentido, el abogado Guzmán Acosta y Lara, de Acosta y Lara & Asociados, dijo: "Estamos en una situación en la que los jueces están reservando fechas de sus agendas para cuando los casos que están en la Corte regresen a los juzgados, y eso afecta a los juicios iniciados por el procedimiento anterior, que en su mayoría están muy próximos a culminar".
CHICANA. En tanto, la abogada Isabel Camarano coincidió con la visión de sus colegas y dijo que la gran mayoría de los juicios "se han paralizado porque existió un aluvión de incidentes de inconstitucionalidad".
Camarano -que asesora a varios sindicatos, entre ellos el de trabajadores pesqueros- señaló a El País que si bien es legal que quien "presume" que algún aspecto del nuevo sistema procesal es inconstitucional recurra a la SCJ, en muchos casos los empresarios "aprovechan esa situación para ganar tiempo" en los juicios.
Promedio de cuatro recursos por semana
El juez Walter Burella está a cargo de uno de los tres juzgados Laborales de Instancia Única de Montevideo, donde se tramitan los reclamos menores de $ 81.000. Los otros dos juzgados son ocupados por las magistradas Olga Guarino y Ana Rivas.
Según explicó Burella a El País, en su sede se desarrollan, en promedio, diez audiencias por semana. Y en cuatro o cinco de ellas, el abogado de la parte demandada plantea la inconstitucionalidad de la Ley de Abreviación de los Juicios Laborales. "En un solo día se han presentado dos recursos", contó el magistrado.
Ante esas situaciones, el juez intenta que las partes lleguen a un acuerdo, con el objetivo de dar por terminado el proceso sin tramitar la acción ante la Suprema Corte de Justicia. "La dificultad está en que el trabajador tiene que esperar a que resuelva la Corte", señaló Burella
En muchos casos, las partes han llegado a un acuerdo, pero en la mayoría no, y por eso los expedientes son derivados a la Corporación, paralizando así el trámite de la causa en el juzgado hasta que exista un pronunciamiento respecto al planteo de inconstitucionalidad presentado por la parte demandada. "Nos están presentando muchas inconstitucionalidades. Eso nos está quitando trabajo", admitió Burella. Como ejemplo, el juez dijo que desde febrero hasta ahora solamente ha dictado sentencia en 27 expedientes.
¿Qué es lo que dice la nueva ley?
La Ley 18.572 creó un procedimiento independiente del Código General del Proceso que regula el trámite en todos los juicios civiles. Se creó un sistema procesal autónomo para los reclamos laborales, con el objetivo de dar mayor celeridad a los juicios, que en promedio podían insumir dos o tres años.
Se crearon dos tipos de procedimientos para los juicios laborales: uno para los casos en los que el reclamo no supere los $ 81.000 (casos de "menor cuantía") y otro para las causas donde el monto demandado sea superior a ese tope fijado por la ley (proceso "ordinario").
En los casos de "menor cuantía", la resolución dictada por el juez no puede ser apelada. Estos reclamos se resuelven en una única audiencia, en la que el demandado debe contestar la demanda verbalmente en la misma instancia. Para utilizar este mecanismo, desde febrero están operativos en Montevideo tres juzgados Laborales de Instancia Única, que fueron creados por la Suprema Corte de Justicia.
Para las causas en las que el reclamo es superior a $ 81.000, la ley prevé que el juez deberá convocar a las partes a audiencia en un plazo no mayor a 60 días. En tanto, el plazo para contestar el reclamo se redujo de 30 a diez días. A diferencia de los procesos de "menor cuantía", en estos casos sí se puede apelar la decisión de primera instancia. Sin embargo, también se acortaron los plazos para ello, pasando de 15 a cinco días. Además, quien recurra la resolución, debe primero depositar el 50% del monto total de la condena.
El País Digital
| Fecha |
14/May/2010 |