CUAN DIFICIL ES HACER NEGOCIOS EN EL URUGUAY?

¿Cuán difícil es hacer negocios en Uruguay? ¿Qué deben reformar las esperadas reformas?


El Banco Mundial acaba de publicar su informe ?Haciendo Negocios?. Según ese informe, Uruguay se encuentra en el lugar 64 de un ranking que ordena a los países por orden creciente de problemas para los empresarios.
¿En qué áreas tenemos los mayores problemas? ¿Qué trabas burocráticas y regulaciones deben reformar las esperadas reformas? ¿en qué consiste este ranking de Facilidad para Hacer Negocios que hace el Banco Mundial?

Se trata de un ranking que básicamente releva un conjunto de regulaciones y trabas burocráticas que dificultan la realización de negocios en los países. El índice cubre diez aspectos que influyen sobre la dificultad para hacer negocios y para cada uno de esos aspectos se tienen en cuenta diversos indicadores bastante objetivos.
En función de esos indicadores se establece un ranking por orden creciente de dificultad para cada una de las diez temáticas y luego se establece un ranking general que pondera los diez ranking temáticos de la misma manera. El primer país del ranking, Singapur, es el país donde es más fácil hacer negocios. Uruguay quedó en el lugar 64 sobre un total de 175 países.
Singapur ocupa el primer lugar; le siguen Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Hong Kong. Pero en términos más generales, encontramos que los países de mayor desarrollo relativo ocupan las primeras posiciones.
El ranking cubre un tema de Inicio de nuevos negocios, un tema de Licencias (para la protección de la propiedad intelectual), un tema de Empleo de mano obra, Registro de Propiedad, Acceso al Crédito, Protección de inversores, Impuestos, Comercio exterior, Cumplimiento de contratos y Cierre de empresas.





Estos indicadores están inspirados en la corriente institucionalista del crecimiento económico, que sostiene que para crecer en forma sostenida y rápida, los países deben mejorar sus instituciones, entendidas como las instituciones formales de la sociedad (los gobiernos, los estados. Los municipios) pero también como el conjunto de reglas escritas y no escritas que regulan el accionar de los agentes.
Para el Uruguay las áreas más críticas tienen que ver con el Registro de la propiedad, con el Inicio de un nuevo negocio y con el Cumplimiento de contratos, donde tenemos los lugares 138, 134 y 119 del ranking, respectivamente.
En el caso del Registro de la propiedad se intenta medir cuán fácil es para las empresas acceder a la protección legal de los derechos de propiedad. En Uruguay tenemos ocho procedimientos de registro de la propiedad (frente a un promedio menor a cinco en los países de la OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-), los procedimientos toman más de 65 días (frente a 32 días en la OCDE) y el costo de los procedimientos de registro de propiedad es también mayor.
En el caso del Inicio de nuevos negocios, tenemos 10 procedimientos (frente a un promedio de seis en la OCDE), pero sobre todo el proceso es muy lento (toma más de 40 días frente a 17 en la OCDE) y es extremadamente costoso. El costo de abrir una sociedad representa un 44% del ingreso per cápita de un año (frente a un 5% en la OCDE) y las exigencias de capital mínimo son 5 veces más (en relación al ingreso per cápita) que en la OCDE. Aquí debe haber cambios en la esfera legal y en la esfera de la burocracia estatal.
El proceso por el cual las empresas logran hacer cumplir los contratos comerciales es extremadamente lento, con una duración promedio de unos 655 días, frente a 350 días en la OCDE. A su vez, en el caso de cumplimiento de contratos en la relación acreedor-deudor, el costo del proceso absorbe un 16% del valor medio de la deuda, frente a un 11% en la OCDE. En síntesis, el tiempo que toma el proceso está marcando los problemas de funcionamiento que tiene el sistema judicial uruguayo.
Hay algunos puntos en los que el país esta relativamente bien, y el término relativo es porque en ningún caso estamos entre los 30 mejores países; tenemos por ejemplo el lugar 33 en Acceso al crédito y el lugar 37 en Cierre de Empresas.
Un indicador informa en qué medida los derechos de los acreedores y deudores están definidos de forma de alentar el crédito. En un índice que va de 0 a 10, con 10 siendo lo mejor, nuestro país tiene un índice 4. Quiere decir que la ley no establece los derechos de las partes de manera de promover el crédito.


Sin embargo, el país cuenta con muy buena información sobre la calidad crediticia de las personas. En particular, un 85% de la población adulta figura en bases de datos privadas a las cuales todas las empresas pueden acceder. En la OCDE ese porcentaje es sustancialmente menor (60%). En el cálculo del Banco Mundial, eso compensa bastante los problemas de definición de derechos de acreedores y deudores que mencionábamos antes. En cualquier caso, los índices que se consideran son parciales en la medida que no contemplan una dimensión objetiva de acceso efectivo al crédito.
También estábamos bastante bien en materia de cierre de empresas porque estamos relativamente bien en los plazos necesarios para la liquidación de una empresa y en el costo del proceso. Pero el porcentaje de recuperación al que efectivamente acceden los acreedores de una empresa en liquidación por insolvencia es extremadamente bajo.
El índice pondera las tres cosas con el mismo peso, pero sin dudas desde el punto de vista económico la capacidad de los acreedores de hacerse de su dinero es una variable crítica. En promedio, en Uruguay los acreedores de una sociedad en liquidación recuperan apenas algo más del 40% de lo que les debe la empresa, frente a casi 75% en el promedio de la OCDE. A pesar de la posición relativamente favorable del índice, este es un aspecto clave a mejorar. Justamente, entre los objetivos del Poder Ejecutivo para este año está la aprobación de una nueva ley de concursos y quiebras que procure revertir este punto. Una vez aprobada esa reforma, debería mejorar este indicador así como el indicador relativo al acceso al crédito porque la nueva ley, al darle más protección al acreedor, también alentaría la oferta de crédito.
En los otros indicadores se observan situaciones diversas, con posiciones en el ranking que varían entre una posición de 56 para el tema de las licencias para la protección de la propiedad intelectual y una posición de 83 para la protección de los inversores.
El Banco Mundial plantea que en Uruguay falta protección a los accionistas minoritarios. Eso tiene que ver con la posibilidad de que los accionistas que controlan una sociedad pueden realizar, dentro del marco legal, transacciones inconvenientes para los accionistas minoritarios o de que no se revele adecuadamente la existencia de conflictos de interés entre los accionistas que controlan y los accionistas minoritarios en decisiones tomadas por la mayoría que controla. También se incluyen debilidades en lo que hace a la posibilidad que tienen los accionistas minoritarios de reclamar exitosamente ante la justicia por las decisiones adoptadas por los directores. Este es un tema central. Hay bastante investigación a nivel internacional que marca que la falta de protección de los derechos de los accionistas minoritarios es un impedimento importante para el desarrollo de los mercados de capitales.




¿Qué indica el informe en lo relativo al mercado de trabajo y en lo relativo a los temas impositivos?
Nuestro país está en el lugar 58 en materia de temas laborales. Allí se incluyen varios tópicos como dificultad para contratar, dificultad para despedir, costos de despedir, costos de contratar. En esas cosas, el Banco Mundial nos sitúa bien. En cambio, el país tiene un esquema muy rígido en lo que hace a la duración de la jornada laboral.
Eso quiere decir que las empresas tienen muy poca capacidad de modificar el horario de trabajo de los empleados y si no es necesario que un empleado trabaje sus ocho horas, alcanza con siete, ese día se tiene que pagar como de ocho horas. Y si al otro día es necesario que trabaje nueve, ese día la empresa tiene que pagar una hora extra. Eso le impone bastante rigidez y costos a las empresas.
El país está en el lugar 76 del ranking debido básicamente a la complejidad del sistema tributario. El informe mide la tasa de impuestos sobre ganancias (que en Uruguay según el informe promedia un 28%, frente a cifras muy superiores, cercanas al 50%, en la OCDE y también en nuestra región), pero las empresas deben hacer más de 40 pagos de impuestos por año (frente a 15 en la OCDE) y deben emplear unas 300 horas de trabajo para cumplir con las normas tributarias, frente a 200 horas en la OCDE.